PSA, PSOE y PA trabajan para lograr un consenso sobre las ordenanzas

PP e IU se desmarcan del intento de consenso sobre las ordenanzas ·  El acuerdo de mínimos contemplará la inclusión de las alegaciones que se ajusten a la legalidad y ahonden en la equidistribución económica

Imagen de algunas de las viviendas ubicadas en las áreas de regularización

CHICLANA.- Los partidos integrantes del equipo de gobierno (PSOE y PSA) tan sólo han obtenido la respuesta positiva del PA de cara a alcanzar un consenso en torno a las ordenanzas para la regularización de las viviendas localizadas en las Áreas de Gestión Básica. Y es que si ya IU se desmarcó de dicha propuesta municipal en la junta de portavoces celebrada la pasada semana, con el abandono de la misma de José Pedro Butrón; ahora, tal y como lo anunció días atrás el propio Ernesto Marín, lo ha hecho el PP, que no asistió a la nueva convocatoria.

Así, en un comunicado conjunto, PSOE, PSA y PA mostraron su extrañeza por “la actitud del PP, que en la última reunión se levantó contento con el planteamiento hecho y los pasos iniciados, si bien se molestó en el último pleno cuando lo que se trasladó allí por parte del alcalde fue ni más ni menos el mismo contenido hablado en la reunión”.

No obstante, PSOE, PSA y PA apostaron por “intentar de nuevo un acercamiento a los grupos del PP e IU, entendiendo que es necesario alcanzar un acuerdo mínimo en torno a este asunto”.

Por lo que se refiere a los frutos de esta nueva reunión en pos del citado consenso, los portavoces pactaron “trabajar en la idea de alcanzar un consenso que dé respuesta y permita un acuerdo de mínimos en torno al proceso de regularización de viviendas en las AGB”, aprobando el encargo a los técnicos “para que estudien las posibilidades de ampliación de los 3 años contemplados como plazo para la ejecución de las obras para que, a través de enmiendas al articulado de las ordenanzas, se pueda facilitar el acuerdo”.

Asimismo, PSOE, PSA y PA se emplazaron para una nueva reunión dentro de dos semanas para, “con la presencia de los técnicos, ver qué posibilidades se pueden plantear, una vez estudiadas las alegaciones, en la idea de atender aquellas que den más viabilidad a las ordenanzas, siempre desde la legalidad y la equidistribución económica”.

Diario de Cádiz

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